Una profesional de la hostelería que cotizaba como autónoma ha logrado que la Justicia le restituya su pensión por incapacidad permanente total, la cual le había sido revocada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al alegar una mejoría en su salud. El fallo judicial da la razón a la trabajadora y condena a la administración a abonarle las mensualidades no percibidas con carácter retroactivo.

 

La afectada, que había superado un proceso oncológico, vio extinguida su prestación tras una inspección periódica del INSS. La pérdida de este subsidio la dejó en una situación de extrema vulnerabilidad: sin ingresos por invalidez, incapacitada físicamente para retomar las duras exigencias de la hostelería y sin acceso a la protección por desempleo en los mismos términos que los empleados por cuenta ajena.

 

Un análisis médico que ignoró las secuelas reales

 

La discrepancia radicaba en la evaluación médica utilizada por la administración para justificar el alta. Aunque la patología principal (el cáncer) se encontraba bajo control, el dictamen inicial omitió el impacto de las consecuencias secundarias sobre su capacidad de trabajo.

 

La demandante padecía dolor crónico postmastectomía, cuadros de ansiedad, insomnio y una notable pérdida de fuerza funcional en un brazo. Estas dolencias resultan incompatibles con el sector hostelero, que requiere jornadas prolongadas de pie, levantamiento de cargas y movimientos repetitivos.

 

Por ello, la intervención de abogados laboralistas en Madrid resulta fundamental en este tipo de procesos, donde despachos especializados como Javaloyes Legal analizan cómo las limitaciones funcionales impiden desarrollar las tareas específicas del puesto. Expertos del sector señalan que el criterio para mantener o retirar una pensión no debe ser la simple evolución clínica de la enfermedad, sino su impacto real en el día a día profesional.

El dictamen pericial, determinante en la sentencia

 

Para rebatir la resolución del INSS, la defensa de la trabajadora presentó ante el juzgado pruebas periciales objetivas que demostraban de forma concluyente sus limitaciones de movilidad y fuerza.

 

El magistrado concluyó que la leve mejoría clínica no implicaba una recuperación de la aptitud laboral, ordenando el restablecimiento inmediato de la prestación. La labor de los abogados de incapacidades permanentes en el estudio de las pruebas médicas y en la posterior impugnación judicial demuestra que las resoluciones del INSS sobre revisiones de grado no son definitivas y pueden ser revertidas con el asesoramiento adecuado.